6 de Septiembre de 2017

Las clausuras por infracciones al medio ambiente en la Ciudad fueron duplicadas

En el primer semestre, la cantidad de fajas colocadas en diferentes actividades comerciales creció un 110% respecto de igual período de 2016.

Durante el primer semestre de 2017 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño realizó 30.908 inspecciones en actividades comerciales (locales, industrias o vehículos de gran porte), casi un 15% más que en igual período del año pasado. Las fiscalizaciones se realizan a través de la Agencia de Protección Ambiental (APrA).

Los inspectores detectaron 5.894 infracciones, un 32,6% más que en 2016 (4.445). En 218 casos se optó por colocar la faja de clausura, un 110% más que el año anterior (104).

“Estamos mejorando los controles ambientales no sólo en cantidad sino también en calidad”, aseguró el presidente de la APrA, Juan Bautista Filgueira Risso.

“Entendemos que las inspecciones, clausuras y actas tienen un fuerte efecto preventivo. Si uno sabe que está haciendo algo mal y no sucede nada con ello, difícilmente vaya a revertirlo. Si se sabe que tiene consecuencias, probablemente se evite caer en esa falencia”, agregó.

Uno de los objetivos es lograr una mayor precisión en el trabajo de los inspectores. “Estamos generando un trabajo de investigación y análisis de datos que nos permite actuar sobre casos donde hay más probabilidad de faltas graves. Prueba de ello es que las actas labradas han crecido un 32.6%, pero las clausuras se han duplicado”, concluyó Filgueira Risso.

En cuanto al motivo de las clausuras, el primer puesto en cantidad de fajas colocadas corresponde a ruido: en lo que va del año se clausuraron 60 locales, principalmente habilitados como café o bares -que incluyen boliches nocturnos-, restaurantes, supermercados y bancos. En muchos casos la clausura está relacionada con extractores de cocina o grandes equipos de aire acondicionado.

El cuerpo de inspectores encargados de controlar el cumplimiento de las normas ambientales de la Ciudad está bajo un proceso de optimización de tareas, que incluye la creación de procesos y estandarización de criterios para minimizar la subjetividad a la hora de los controles.

Los tiempos que transcurren desde que se realiza el control hasta que los resultados llegan a los circuitos administrativos que permiten sancionar al infractor en caso de ser necesario, se reducirán considerablemente.

“Ahora se usan checklists donde se indica el estado de los diferentes puntos que se revisan. Ese documento firmado se escanea y se genera un expediente electrónico. La incorporación de las tablets va a evitar todo ese proceso manual, y va a reducir considerablemente el uso del papel”, explicó Federico Iglesias, Director General de Control Ambiental de la APrA.

 
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