“Se permite la instalación de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista”, dice el proyecto aprobado por la Legislatura porteña para legalizar el enrejado metálico ya existente en la Plaza de Mayo.
Dicho texto se incorporará al Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires como un nuevo inciso de las especificaciones referidas a la Plaza de Mayo, en el apartado de Áreas de Protección Histórica (APH1). Para ello, primero deberá discutirse la iniciativa en Audiencia Pública y luego, en segunda lectura, votarse su sanción definitiva. Lo debatido y aprobado ahora en primera lectura fue un despacho de mayoría de la comisión legislativa de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos), en base al proyecto enviado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Unidad Ciudadana, a instancias del legislador Javier Andrade, presentó un despacho en minoría para pedir el archivo del proyecto oficial.
Los vallados de seguridad aparecieron en ese paseo emblemático de la argentinidad a fines de 2001 y comienzo de 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares. En los siguientes años las vallas se ampliaron, aferraron, soldaron y/o cementaron; incluso en 2013 se colocó una reja.
En 2018 la Jefatura de Gobierno inauguró importantes remodelaciones en la plaza, entre ellas la colocación de una reja permanente, de mejor calidad estructural y estética, con portones para permitir o restringir el ingreso a la mitad de la plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuere para peatones o para vehículos que deban transitar por las calles Yrigoyen o Rivadavia.
Por acción de una ONG que presentó un recurso de amparo, el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, declaró ilegal a ese cerco por no haber sido autorizado por ley, ya que se trata de un Área de Protección Histórica Específica.
La norma en debate que obtuvo su primera aprobación, busca resolver la legalidad de las adecuaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad, dejando taxativamente autorizada la instalación de ese cerco e incorporando el plano de las rejas al Atlas del nuevo Código Urbanístico.
“La instalación del cerco de seguridad aludido tiene por objeto proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada”, consigna el dictamen de mayoría de Planeamiento Urbano, parafraseando los fundamentos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.
El oficialismo explicó que “se contempló la instalación de un cerco dispuesto transversalmente a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, por solicitud de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. En la actualidad, consta de un sistema de rejas compuestas por columnas y paños que conservan y respetan el estilo de aquellas que rodean la Casa Rosada. El sistema es estático y manual en cuanto a su funcionamiento y, a diferencia de las vallas, permite ser parcialmente desmontado”.
El proyecto llegó al recinto de sesiones acompañado por los informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; una nota del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, “que presta conformidad con el proyecto, entendiendo las circunstancias de coyuntura que propician su necesidad”, y sendos dictámenes del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.
La Plaza de Mayo, es parte del “Eje cívico institucional de la Ciudad” -Distrito APH1- y fue protegida como Lugar Histórico Nacional en 1942 a través del Decreto N° 122. 096/42.
La Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos objetó la instalación de la reja expresando que “implica una división física permanente que fragmenta la lectura integral de este espacio público” y la colocación de “elementos permanentes es contrario a la preservación patrimonial, cultural y social de este ámbito urbano tan significativo”. Por su parte, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el 30 de octubre de 2018, basó sus argumentos en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos patrimoniales.
Se trata de la primera excepción que se vota del Código Urbanístico aprobado a fines del año pasado modificando el Área de Protección Histórica N° 1 -APH1.
En el debate, Andrade (UC) y María Rosa Muiños (Bloque Peronista) señalaron las objeciones de la Comisión Nacional de Monumentos y otras consideraciones técnicas y políticas para oponerse. También se sostuvo que todo el proyecto de remodelación de la plaza, que es un patrimonio histórico, debería haber sido debatido en la Legislatura.
Inés Gorbea (Evolución) consideró que estos temas deberían ser sometidos a acuerdos políticos, por lo que criticó la actitud oficial de tomar decisiones inconsultas. También hablaron con cuestionamientos y expresiones de rechazo al proyecto, Roy Cortina (Partido Socialista), Sergio Abrevaya (GEN), Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad), Laura Marrone (Izquierda Socialista) y Gabriel Solado (Frente de Izquierda y los Trabajadores).
La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez (VJ), fundamentó al inicio los argumentos del gobierno local y Hernán Reyes (VJ) cerró el debate sosteniendo que “el contexto actual hace que necesitemos esa protección en la Plaza de Mayo, que es reversible, móvil, preserva el patrimonio y a la vez es compatible con el pedido de la Casa Rosada por razones de seguridad. Instalar las rejas fue una decisión inteligente”, concluyó.
La aprobación en primera lectura se obtuvo con los 33 votos del bloque oficialista Vamos Juntos, contra 24 votos negativos de todos los legisladores de la oposición.
