A integrantes de la Asamblea en Defensa del Cine Teatro Urquiza les llegó una carta documento citándolos a una mediación que se realizó el día 18 de Junio.
La Empresa Establecimiento Campana S.A., propietaria del predio sito en la Av. Caseros N° 2.826., reclama 400 mil pesos por los daños y perjuicios causados por la presentación de una acción de amparo que tenía por objeto el cumplimiento de la Ley N° 14.800 y la protección patrimonial del Cine Teatro Urquiza.
Esta es la instancia previa que exige la ley para el inicio de la demanda por daños y perjuicios.
Desde el año 2013, la Asamblea ha solicitado la protección patrimonial del inmueble y el cumplimiento de las leyes que declaran de interés nacional a la actividad teatral y que exigen que en los casos de demolición de las salas teatrales, el propietario tiene la obligación de construir un nuevo ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida.
Las peticiones se realizaron a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura de la Ciudad, de acciones de amparo y de manifestaciones ciudadanas.
La acción de amparo presentada por representantes de la Asamblea finalizó con un ACUERDO de partes en fecha 16 de mayo de 2018, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad el 8 de agosto de 2018.
En el acuerdo Establecimiento Campana S.A. se comprometió construir a su costo una sala teatral en el caso de demolición ajustándose a la legislación vigente. También, aceptó preservar la fachada del edificio del modo que respete al máximo posible su condición original.
Finalmente, ambas partes se comprometieron a actuar de buena fe y de manera colaborativa para el más adecuado cumplimiento de lo pactado.
Por este motivo, el inicio de estas instancias para demandar a los integrantes de la Asamblea no tiene asidero jurídico porque la controversia judicial finalizó con un acuerdo. Además, al día de la fecha Establecimientos Campana no ha cumplido con la normativa vigente y se haya otorgado el permiso de obra nueva correspondiente y el certificado de aptitud ambiental.
El Código Urbanístico exige (obligación que se encontraba en el art. 2.1.1.1 del anterior Código de Edificación) en su art. 7.2.10.5. que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio debe construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un diez por ciento (10%) menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en ese mismo predio. Esto en consonancia con la Ley Nacional N° 14.800.
Por otra parte, la obra nueva no se inició por decisión del GCBA y no por la presentación de la acción judicial. El 16 de enero de 2017, la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) comunicó a la empresa que el proyecto presentado no se adecúa a la ley. También informó que el Consejo de Plan Urbano Ambiental (COPUA) desestimó el proyecto por no cumplir con la cantidad de butacas que exige la ley.
El Cine Teatro Urquiza tenía aproximadamente 1400 butacas. En su oportunidad, el proyecto presentado apuntaba a una construcción de una “sala” de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro era de 1.114,40 metros cuadrados y la propuesta de la empresa era de 208,30 metros cuadrados.
La persecución judicial de defensores del ambiente urbano y el patrimonio cultural de la Ciudad es de suma gravedad y es la herramienta que están utilizando los desarrolladores inmobiliarios y el GCBA para generar temor en las asambleas y colectivos. Esto ha sucedido en reiteradas oportunidades en la Ciudad. El propio GCBA ha demandado a la ciudadanía, como es el caso de Basta de Demoler o ha tercerizado en las empresas inmobiliarias la persecución como en el caso de los Vecinxs de Roccatagliata, o ha tercerizado en ONGs afines al PRO como fue la “Asociación Los Verdes” contra integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Una vez más, los ciudadanos que defienden los bienes comunes de los porteños, su historia y su cultura son perseguidos por los que ven la ciudad sólo como un espacio para hacer negocios.
