La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó un régimen de fomento a la intervención de sus habitantes en los procesos de toma de decisiones políticas y el acceso información del Estado. Se refrendó acuerdo con Nación y Provincia sobre el servicio de distribución de electricidad.
Una ley destinada a “propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad y afianzar los principios para desarrollar y fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de gobierno” fue sancionada este jueves en la Legislatura porteña.
El cuerpo parlamentario de la Ciudad Autónoma también ratificó un convenio tripartito con los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que resuelve mantener bajo la autoridad nacional las concesiones del servicio de distribución de electricidad en el área metropolitana, a través de las empresas Edenor y Edesur. También se dispone crear un ente regulador específico integrado por los tres estados.
La sesión ordinaria se hizo por el sistema mixto de presencia física en el recinto de sesiones y presencia virtual por videoconferencia y fue presidida por Agustín Forchieri (Vamos Juntos), Vicepresidente Primero del cuerpo.
También se convalidó otro decreto de necesidad y urgencia de la Jefatura de Gobierno de la CABA (el Nº 7/2021), mediante el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria, “con la finalidad de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), contemplando el funcionamiento de las actividades autorizadas en el marco de los protocolos aprobados para cada caso”.
La Ley de Participación
La norma que instituye “instrumentos para fortalecer al ciudadano y sus formas de expresión política, social, comunitaria, y sentar los principios para el funcionamiento de la democracia participativa”, fue un proyecto de la legisladora Lucía Romano (VJ), trabajado y despachado por las comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana (preside Leandro Santoro – Frente de Todos) y de Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes – VJ).
A tales fines, la ley promueve la organización de foros, cursos y otras modalidades de formación cívica y nuevas herramientas para el acceso a la información pública con lenguaje claro, comprensible y permitiendo el uso de las variables tecnológica que la gente maneja habitualmente.
Los denominados “Mecanismos de Participación Ciudadana” serán regimentados por ley y el Poder Ejecutivo podrá establecer institutos propios de participación ciudadana. El Gobierno deberá “establecer los medios pertinentes para la promoción del ejercicio del derecho a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC)”, entre otras prescripciones.
La diputada Romano abrió el debate explicando el alcance de esta norma orgánica que crea un marco regulatorio para el funcionamiento de todos los institutos creados y por crearse referidos a la participación ciudadana. Resaltó la importancia de los programas de formación de ciudadanos pero, especialmente, los cursos y seminarios que deberán hacer los funcionarios y agentes de la administración pública.
Diputada Lucía Romano
Hablaron durante el debate los legisladores Santoro, Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad), Sergio Abrevaya (GEN), Martín Ocampo (UCR), Pablo Almeida (Izquierda Socialista), Myriam Bregman (Partido de los Trabadores y el Socialismo) y Facundo Del Gaiso (VJ).
El proyecto se convirtió en ley con 39 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, Socialista, GEN y Consenso Federal, contra 21 votos negativos del Frente de Todos, PTS, IS, AyL.
Acuerdo sobre las eléctricas
Durante la anterior administración del gobierno nacional se habían suscrito -en febrero y mayo de 2019- dos acuerdos para la descentralización y transferencia a la Ciudad Autónoma y a la Provincia de Buenos Aires de la autoridad sobre el servicio de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana, concesionado a las empresas Edenor S.A. y Edesur S.A.
La transferencia de jurisdicción no se efectivizó y la titularidad del servicio público de distribución de energía eléctrica en el área de concesión de Edenor y Edesur permanece actualmente en cabeza del Estado Nacional, quien conserva el carácter de poder concedente de los respectivos contratos.
Con el nuevo convenio, las partes firmantes “se comprometen a constituir un Ente tripartito para ejercer la regulación y control del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica” en el territorio de la Capital Federal y todos los partidos del Conurbano bonaerense comprendidos. Se menciona que las empresas concesionarias “se notificaron de lo convenido entre las partes y prestaron conformidad”.
Con la homologación legislativa, queda formalizado el “Acuerdo sobre el ejercicio conjunto de la regulación y control del servicio público de distribución de energía eléctrica entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebrado entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 19 de enero de 2021.
Natalia Fidel (VJ) fue miembro informante del proyecto de resolución, aprobado por 52 votos positivos, 2 negativos de Leandro Santoro-FdT y Marta Martínez (AyL) y 5 abstenciones de GEN, CF y FI.
Ciclistas no videntes
La Ciudad homenajeó a ciclistas no videntes que unieron Córdoba, Santa Fe y llegaron al Obelisco porteño tras recorrer 700 kilómetros.
La Legislatura recibió a los participantes de la travesía “Rueda Conmigo Tándem”, declarada de Interés Social y Deportivo de la Ciudad de Buenos Aires, por iniciativa de Matías López (VJ). La travesía fue hecha por atletas ciegos o con disminución visual, en bicis para dos personas que pedalean en tándem, una de ellas con buena visión.
Los últimos 50 km del recorrido fueron el pasado martes, Día Mundial de la Actividad Física, y al llegar al Obelisco los ciclistas fueron recibidos y agasajados por funcionarios del área de Deportes de la Jefatura de Gobierno.